19-Sep 06:02 amAndrea Small Carmona
A dos años de haber sido promulgada la Ley Orgánica de Educación, algunos aspectos todavía presentan vacíos
Escuela primaria inicia actividades | Prensa Gobernación de Carabobo
Cuando el 15 de agosto de 2009, el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Educación lo hizo con la promesa de "abrir caminos a la educación liberadora" para todos los venezolanos.
Dos años después, todavía hay deudas en cuanto a los reglamentos y leyes que deben regular su cumplimiento, a pesar de que las disposiciones transitorias ordenaban un plazo no mayor a un año para promulgar el marco restante.
Luis Bravo, coordinador de la Memoria Educativa Venezolana de la Escuela de Educación de la UCV, expresó preocupación por la mora en que han incurrido la Asamblea Nacional y los ministerios ante la falta de instrumentos para la Ley Orgánica de Educación.
"Uno de los aspectos que debe ser atendido con más urgencia es la redacción, discusión, aprobación y promulgación de una ley especial del subsistema de educación básica, que estructuraría, entre otras cosas, el régimen administrativo y las condiciones de revisión de los programas de estudio. No es un asunto desdeñable, al que se le puede seguir dando largas", agregó.
Otros puntos, como la orientación educativa que reciban los alumnos y las normas de flexibilización de estudios de acuerdo con peculiaridades regionales y locales, también deberían estar mencionados en la ley especial, según un anteproyecto elaborado por Carlos Calatrava, de la Escuela de Educación de la UCAB.
Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana y ex presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, señaló: "Todo el marco legal que rodea la Ley Orgánica de Educación está pendiente. Es delicado que nuestro sistema educativo se rija por un documento que no cuenta con las leyes auxiliares correspondientes y que, además, contiene preceptos que entran en contradicción con algunos puntos de la Constitución".
Docentes. Las disposiciones finales de la ley se refieren a la necesidad de proveer a la mayor brevedad una ley especial para regular "el ingreso, ejercicio, promoción, permanencia, prosecución y egreso en la profesión docente". También establece que mientras se trabaja en ese documento, este aspecto debería regirse por un reglamento provisorio de ingreso y ascenso en la docencia, cuya fecha límite de promulgación era el 15 de enero de 2010. A la fecha, ninguno de los documentos está listo.
"Es una situación grave porque hay un alto grado de anarquía en lo que tiene que ver con el ejercicio docente. Muchos sindicatos de maestros, incluyendo algunos que se identifican con el Gobierno, han formalizado sus reclamos sobre este asunto. Deben resolverlo con carácter de urgencia", dijo Bravo.
Niños y jóvenes. Entre las novedades que presentó la ley durante su discusión y posterior aprobación en 2009, se incluyó la obligatoriedad de la etapa maternal que, junto con el preescolar, forma el subsistema de educación inicial.
"Una de las promesas más espectaculares de la ley era un aumento en la duración de la enseñanza gratuita y obligatoria, que anteriormente era de 11 años. Ahora es de 17 años, amparado en el artículo 103 de la Constitución. Lamentablemente, se han hecho pocos esfuerzos para consolidar la educación maternal, que está destinada a niños entre 0 y 3 años de edad. Es otra de las cosas ofrecidas sin resolver. No se ha avanzado", agregó Bravo.
Sin duda, uno de los puntos del marco legal que más ha generado discusión y debate es el relacionado con el subsistema de educación universitaria, que comprende pregrado y posgrado.
"Se quiere hacer valer una Ley Orgánica de Educación que tiene fuertes deficiencias, que entra en contradicción con la Ley de Universidades actual, e incluso, con la Constitución", expresó Scharifker. Añadió que las leyes no tienen la potestad de cambiar la realidad de una manera mágica. "Se deben respetar los consensos sociales establecidos previamente y que se manifiestan a través de otros marcos legales vigentes.
De lo contrario, corren el riesgo de perder vigencia".
En 2010, la Asamblea Nacional discutió y sancionó una Ley de Universidades que derogaría la vigente, publicada originalmente en 1958, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Es precisamente esa ley, cuya última modificación se llevó a cabo en 1970, la que define qué es y cómo está compuesta la universidad. En enero de 2011, el presidente Chávez vetó el documento final con el argumento de que era inaplicable y que le faltaba revisión. La ausencia de un articulado que regule las universidades genera vacíos legales que ocasionan problemas, especialmente en el área electoral.
Dos años después, todavía hay deudas en cuanto a los reglamentos y leyes que deben regular su cumplimiento, a pesar de que las disposiciones transitorias ordenaban un plazo no mayor a un año para promulgar el marco restante.
Luis Bravo, coordinador de la Memoria Educativa Venezolana de la Escuela de Educación de la UCV, expresó preocupación por la mora en que han incurrido la Asamblea Nacional y los ministerios ante la falta de instrumentos para la Ley Orgánica de Educación.
"Uno de los aspectos que debe ser atendido con más urgencia es la redacción, discusión, aprobación y promulgación de una ley especial del subsistema de educación básica, que estructuraría, entre otras cosas, el régimen administrativo y las condiciones de revisión de los programas de estudio. No es un asunto desdeñable, al que se le puede seguir dando largas", agregó.
Otros puntos, como la orientación educativa que reciban los alumnos y las normas de flexibilización de estudios de acuerdo con peculiaridades regionales y locales, también deberían estar mencionados en la ley especial, según un anteproyecto elaborado por Carlos Calatrava, de la Escuela de Educación de la UCAB.
Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana y ex presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, señaló: "Todo el marco legal que rodea la Ley Orgánica de Educación está pendiente. Es delicado que nuestro sistema educativo se rija por un documento que no cuenta con las leyes auxiliares correspondientes y que, además, contiene preceptos que entran en contradicción con algunos puntos de la Constitución".
Docentes. Las disposiciones finales de la ley se refieren a la necesidad de proveer a la mayor brevedad una ley especial para regular "el ingreso, ejercicio, promoción, permanencia, prosecución y egreso en la profesión docente". También establece que mientras se trabaja en ese documento, este aspecto debería regirse por un reglamento provisorio de ingreso y ascenso en la docencia, cuya fecha límite de promulgación era el 15 de enero de 2010. A la fecha, ninguno de los documentos está listo.
"Es una situación grave porque hay un alto grado de anarquía en lo que tiene que ver con el ejercicio docente. Muchos sindicatos de maestros, incluyendo algunos que se identifican con el Gobierno, han formalizado sus reclamos sobre este asunto. Deben resolverlo con carácter de urgencia", dijo Bravo.
Niños y jóvenes. Entre las novedades que presentó la ley durante su discusión y posterior aprobación en 2009, se incluyó la obligatoriedad de la etapa maternal que, junto con el preescolar, forma el subsistema de educación inicial.
"Una de las promesas más espectaculares de la ley era un aumento en la duración de la enseñanza gratuita y obligatoria, que anteriormente era de 11 años. Ahora es de 17 años, amparado en el artículo 103 de la Constitución. Lamentablemente, se han hecho pocos esfuerzos para consolidar la educación maternal, que está destinada a niños entre 0 y 3 años de edad. Es otra de las cosas ofrecidas sin resolver. No se ha avanzado", agregó Bravo.
Sin duda, uno de los puntos del marco legal que más ha generado discusión y debate es el relacionado con el subsistema de educación universitaria, que comprende pregrado y posgrado.
"Se quiere hacer valer una Ley Orgánica de Educación que tiene fuertes deficiencias, que entra en contradicción con la Ley de Universidades actual, e incluso, con la Constitución", expresó Scharifker. Añadió que las leyes no tienen la potestad de cambiar la realidad de una manera mágica. "Se deben respetar los consensos sociales establecidos previamente y que se manifiestan a través de otros marcos legales vigentes.
De lo contrario, corren el riesgo de perder vigencia".
En 2010, la Asamblea Nacional discutió y sancionó una Ley de Universidades que derogaría la vigente, publicada originalmente en 1958, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Es precisamente esa ley, cuya última modificación se llevó a cabo en 1970, la que define qué es y cómo está compuesta la universidad. En enero de 2011, el presidente Chávez vetó el documento final con el argumento de que era inaplicable y que le faltaba revisión. La ausencia de un articulado que regule las universidades genera vacíos legales que ocasionan problemas, especialmente en el área electoral.
"La ley incluye a los empleados obreros y administrativos en el concepto de comunidad académica. Hay quienes cuestionan el valor que la muy respetable opinión de un obrero pueda aportar a la toma de decisiones en organismos universitarios netamente académicos, como los consejos de escuela y de facultad. Es un problema conceptual, que mientras no tengamos una ley actualizada, no vamos a poder resolver", aseguró Scharifker.
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